Hace algunos días la Audiencia Provincial de Huelva ha archivado la causa abierta contra el empresario agrícola de la localidad de Almonte (Huelva) que fue denunciado en 2018 por diez temporeras de origen marroquí por acoso e irregularidades laborales.La Audiencia desestima, por tanto, el recurso de apelación presentado contra el Auto del Juzgado de instrucción núm. 1 de la Palma del Condado. El auto acordaba el sobreseimiento provisional de la causa, la cual denunciaba la situación vivida por algunas trabajadoras del campo que denunciaban haber sufrido acoso, agresiones sexuales y condiciones de trabajo compatibles con la esclavitud.
En un primer momento, la Audiencia Provincial de Huelva tras valorar el recurso y las pruebas había decidido abrir la instrucción, estimando que la causa había sido sobreseída provisionalmente sin haber llegado a escuchar el relato de los hechos, pronunciados en la Sala del Juzgado de la Palma del Condado, por las propias víctimas. Consideraba que se habían producido incidencias respecto a la traducción del texto en el que se recogían las denuncias de las víctimas y que era sorprendente que la Inspección de trabajo no encontrara nada destacable ni irregular en el hecho de que ninguna de las 101 trabajadoras que habían provocado su visita a la empresa estuvieran presentes en la finca, que todas ellas hubieran sido despedidas sólo unos días antes (36 horas después de haber interpuesto la denuncia), y casi todas ellas devueltas a Marruecos. Sólo constató que, en su ausencia, no era posible tomarles testimonio sobre los hechos denunciados.
Sin embargo, la Audiencia Provincial ha decidido finalmente archivar la causa ya que una vez que practicadas las diligencias durante la instrucción, “no resultan indicios de la comisión de delito alguno”, ya que “ni de las inspecciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo ni por la Guardia Civil con motivo de la denuncia se aprecian indicios de las irregularidades denunciadas” que “son negadas por el investigado en su declaración”. La juez señala además que la Inspección de Trabajo tampoco apreció “indicios de trato vejatorio o discriminatorio alguno, constatando también el estado correcto de las instalaciones y alojamientos”, mientras que los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las visitas a la finca y la inspección ocular “no encontraron nada anormal”. Además tanto la Guardia Civil como la Inspección de Trabajo “llaman la atención sobre la existencia de un numeroso grupo de trabajadoras que hacían alusión a la falta de veracidad de las imputaciones que las denunciantes realizaban al empresario”.
Hay que tener en cuenta que la trabajadora cambió la declaración inicialmente realizada en su denuncia, la cual fue modificada parcialmente en sede judicial pero este aspecto no se considera suficiente ya que las pruebas presentadas no certifican que se hayan producido los abusos e infracciones que se denuncian.
Parece que en esta ocasión la justicia no ha favorecido, por falta de pruebas, la denuncia realizada por la trabajadora, pero cierto es que las mujeres han venido viviendo situaciones de este tipo desde hace algunos años prácticamente desde que han tenido acceso a este tipo de empleos en un sector como el medio rural en el que la masculinización y los roles de género están muy marcados. Este hecho propicia no sólo que se produzcan desigualdades en cuanto al acceso a las oportunidades laborales que ofrece el campo, sino que se dan irregularidades, también, respecto al trato de las mujeres en el trabajo rural favoreciendo la huída de la población femenina de este tipo de actividades profesionales. , sino también que las trabajadoras que no tengan otro medio de trabajo para subsistir tengan que soportar condiciones infrahumanas y abusos por parte de los propios empleadores.
Al contrario que otros cultivos, el de los frutos rojos en un modelo de explotación intensiva como el de Huelva necesita aún miles de brazos, porque no puede ser sustituido por máquinas. Por eso la única manera de abaratar costos y aumentar beneficios es recortando en salarios y buscando una mano de obra económica que encuentran en miles de mujeres que tienen menos posibilidades de elección, teniendo en cuenta que son el colectivo que mayor necesidad tienen, como consecuencia del sistema de ordenación actual, accediendo a estos empleos aquellas mujeres racializadas con hijos o familiares a su cargo.
Existen numerosas organizaciones de derechos humanos que subrayan que para estas mujeres denunciar su situación es prácticamente imposible, debido a su enorme vulnerabilidad. No hablan el idioma, no conocen sus derechos, no disponen de redes de apoyo y, en la mayoría de los casos, no saben dónde acudir para pedir ayuda. Por lo que son un colectivo que tiene bastantes problemas a la hora de denunciar, debido a la situación inferior jerárquica que tienen respecto a su empleador, que en estos casos unidos a su particular situación racial, porque la mayoría vienen de otros países soñando con una oportunidad laboral
Ante estas situaciones de desigualdad y de acoso en el entorno rural se debería promover una formación en la prevención de riesgos laborales orientada a intentar paliar los efectos de esas situaciones en cuanto a los riesgos psicosociales que puedan darse. A su vez, sería necesario que debido a la gran proliferación de trabajadores extranjeras que existen en este medio, se fomentara la colaboración de traductores para ayudar en la traducción de las normas de higiene y salud, así como de personas que velaran por su salud laboral y por intentar mejorar su trato dentro de las distintas áreas de trabajo agrario. Por este motivo, el objetivo de muchas de las asociaciones de mujeres del campo es promover acciones de sensibilización que contribuyan a la concienciación de las desigualdades de género y las consecuencias que producen sobre las mujeres y la infancia (violencia de género, trata con fines de explotación económica o laboral o sexual, exclusión social, prostitución, desigualdad salarial, ausencia de medidas de conciliación y corresponsabilidad, brecha digital, etc.) y fomentar y apoyar medidas que contribuyan a la concienciación de las desigualdades que padecen las mujeres y las menores discapacitadas que viven en el medio rural con especial hincapié para aquellas actuaciones que contemplen el uso de nuevas tecnologías que ayuden a mejorar su nivel de integración personal y laboral.
El siglo XXI no puede replicar el modelo de “caravanas de mujeres”. Como decía Einstein, “si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”, y la situación de despoblamiento de nuestro campo es el resultado de haber hecho las cosas de una forma determinada durante mucho tiempo, quizás demasiado.