Antes del verano, se publicó el censo agrario del año 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Igualmente, la prensa económica se hizo eco de una propuesta de reforma fiscal iniciada por una sociedad privada, que consiste en ampliar el ámbito de actuación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) al sector agrario. Una visión cruzada de ambas informaciones resulta muy pertinente, pues permite poner el foco en una de las mayores problemáticas del sector agrario de hoy en día, que tendrá repercusión en el sector agrario de mañana, el dimensionamiento de las explotaciones agrarias.
La propuesta de reforma fiscal consiste en la modificación del artículo 2 de la ley 11/2009 que restringe la constitución de las Socimis al sector inmobiliario. El objeto de las Socimis es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. Para ello, dispone de un régimen fiscal muy ventajoso, como la exención del pago del impuesto de sociedades o una bonificación que puede llegar a ser del 95% del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Así, su traslación al sector agrario permitiría la concentración en sociedad de un conjunto de tierras de pequeñas dimensiones, propiedad de personas que no quieren explotarlas. En definitiva, a cambio de aportar tierras para que sean gestionadas y explotadas por estructuras especializadas, se recibirá un porcentaje de participación y sus correspondientes dividendos. Los propietarios de tierras no asumen el riesgo que conlleva la gestión de una explotación agraria y los explotadores no tienen que invertir en la compra de tierras, sino en inversiones tecnológicas, por ejemplo, para la mejora de la productividad de las explotaciones. Sin lugar a dudas, la idea de concentración de pequeñas explotaciones puede constituir una de las respuestas a la cuestión, conocida pero compleja, de la atomización de las explotaciones agrarias.
Resulta interesante poner directamente a colación los datos del último Censo Agrario del año 2020, publicado a principios de mayo de 2022 por el INE.
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Se trata del tercer estudio en la materia tras los publicados en 1999 y 2009. Representa un instrumento muy instructivo y completo que ofrece multitud de cifras muy reveladoras sobre el estado y las tendencias del sector agrario en cuanto a las características de las explotaciones españolas.
Refleja que la superficie destinada al uso agrario es prácticamente la misma entre los años 2009 y 2020, pues la variación es ascendente, pero de menos de un 1%.
Lo que sí ha cambiado es el número de explotaciones: hay casi un 7.6% menos que en 2009.
Esta reducción del número de explotaciones ha de ser contrastado respecto a su dimensión. Entre 2009 y 2019, las explotaciones más grandes, es decir de más de 100 hectáreas, aumentan casi un 9%. Todas las franjas inferiores disminuyen. El número de mini explotaciones (menos de 2 hectáreas) cae en un 32% y el de las explotaciones de menos de 10 hectáreas, experimenta un descenso de 18.33%. El número de explotaciones de entre 10 y 100 hectáreas aprecia un descenso del 7% o menos. El aumento de la dimensión de las explotaciones se ilustra en otro dato: la superficie media por explotación es de 26,37 hectáreas, lo que representa un aumento del 7,4% respecto a 2009.
Igualmente, el censo agrario de 2020 demuestra el aumento del porcentaje de ocupación de la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) por las explotaciones de más de 100 hectáreas. Así, en 2020, las explotaciones de más de 100 hectáreas suponen el 58% de toda la superficie agraria de España (en 1999 era del 54% y en 2009 del 55%). Son las únicas que experimentan un incremento de su proporción en la SAU, aunque sea de forma moderada (5,6%). Al contrario, las explotaciones más pequeñas experimentan una caída de más del 25% de su parte en el reparto de la superficie ocupada. Para las explotaciones de menos de 10 hectáreas, de media, se trata de un descenso del 14,7%. Es decir, entre la SAU, la parte de las explotaciones más grandes crece y la de las más pequeñas disminuye.
En todo caso, como advertimos, se trata de una cuestión compleja y esta tendencia general a la concentración de tierras en grandes explotaciones ha de ser matizada, básicamente en cuanto al tipo de cultivos y, consecuentemente, en cuanto a la situación geográfica. Así, el fenómeno de concentración en grandes explotaciones caracteriza el centro peninsular y Comunidades Autónomas como Extremadura, Aragón, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde se concentran los cultivos de cereales y de pastos, es decir, de secano, en contraposición al cultivo de regadío más propicio en las zonas costeras.
En Andalucía, la tendencia es más moderada o incluso negativa. La SAU media por explotación se sitúa en 17,8 hectáreas, lo que representa una ligera disminución del 2,2% respecto a 2009 (18,19 hectáreas). Igualmente, constituye una excepción a la tendencia de reducción del número de explotaciones y de descenso de la SAU.
Finalmente, en cuanto a titularidad de las tierras, los datos demuestran la abrumadora proporción de personas físicas que representan el 94% de los titulares de explotación agraria. Ahora bien, las explotaciones cuyo titular es una persona jurídica, es decir, un 6% del total, ocupa casi un 25% de la SAU. Esta desproporción se explica en gran medida por el tamaño de la explotación gestionada por personas jurídicas. La inmensa mayoría de la tierra explotada (el 80%) pertenece a personas jurídicas que gestionan explotaciones que superan las 100 hectáreas.
La dimensión de las explotaciones representa incontestablemente una cuestión central de la política agraria, a sabiendas de que las grandes explotaciones resultarían más rentables gracias a la lógica de la economía de escala. Datos del Ministerio de Agricultura indican que solo el 40% de las explotaciones llegan al umbral de rentabilidad mínima. Igualmente, el reparto de valor añadido de la producción agrícola se caracteriza por su desequilibro. Apenas el 8% de las explotaciones obtienen el 72% del valor añadido de la producción agrícola, el 34 % se reparte otro 25%, y casi el 60% de las explotaciones representa un escaso 3%.
La configuración del mapa agrario tiene impacto en otras facetas de la sociedad. A nivel demográfico, la concentración de tierras acompaña la emigración de población rural, dada la disminución de la mano de obra necesaria, y provoca un debilitamiento de la estructura económica de este ámbito ya fragilizado. A ello, se suma que una gran parte de las explotaciones son unipersonales y constituidas por personas cercanas a la edad de jubilación. Sus explotaciones, no siempre rentables, pueden ser poco atractivas, lo que puede impedir su relevo, especialmente por personas jóvenes y así suavizar el declive de la población rural.
La evolución de la necesidad de mano de obra en las explotaciones agrarias tiene reflejo en el censo agrario. Disminuyó un 7,7% en 2020 respecto al anterior censo de 2009. Ahora bien, cuando se afina la mirada, esta tendencia a la baja contrasta con el auge de nuevas modalidades de contrataciones. Mientras la mano de obra del titular bajó un 3,7% y la referida a los familiares del titular un 49,8%, la mano de obra contratada aumentó un 16,3% y la subcontratada un 13,9%. Ello encaja con una tendencia de concentración de las tierras y de disminución de las explotaciones familiares.
En todo caso, el dimensionamiento de las explotaciones agrarias no resulta tarea fácil. Naturalmente, la dimensión de las explotaciones va a fluctuar en función del tipo de cultivos, del suelo, del clima y de otros factores. Su importancia económica en el mercado de trabajo de determinados territorios representa igualmente un aspecto que no se puede eludir. Ello obliga a ser muy cauteloso y medir el impacto de medidas o políticas nacionales y europeas (muy en particular la PAC y la sustitución del sistema de ayudas a la producción hacia un sistema de pago único ligado a la dimensión de la tierra), que pueden influir en la configuración del mapa agrario español.
Volviendo a la propuesta de ampliar el ámbito de la Socimis al sector agrario, se ha de ser muy precavido a la hora de favorecer un movimiento de inversiones privadas que convertiría la tierra en un activo financiero. A otra escala, la entrada de fondos de pensiones, incluso extranjeros, como inversores en el mercado español, debería ser objeto de una atención especial.
A modo de conclusión, el factor de la sostenibilidad medioambiental debería ser central. Implica que la dimensión de las explotaciones se convierta en una cuestión de proporción, siempre subjetiva. Más allá, debería conducir a una reflexión en torno al modelo productivo y económico seguido por una parte importante del sector, en detrimento de una agricultura y ganadería campesinas. A modo de ejemplo, el modelo de agricultura intensiva y a gran escala en Andalucía amenazada por la sequía y la desertificación, debe ser analizado a fondo. La mayoría de los frutos y de las hortalizas contiene entre 80 y 95% de agua. Así, no puede dejar de llamar la atención que una región tan expuesta a los riesgos climáticos (especialmente vinculados con la escasez de agua) sea, en cambio, el mayor exportador de agua de España y uno de los más importantes de Europa, además de forma creciente.