Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, en adelante PERTE, se crean en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acordado en Consejo de Ministros el pasado 27 de abril de 2021, elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, donde se establece que, los Estados miembros, para poder acogerse al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, deben presentar planes nacionales de recuperación y resiliencia en los que se definan programas de actuación con el objetivo de intensificar el potencial crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social, así como de acelerar las transiciones ecológica y digital.
El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia se crea en el marco de la iniciativa Next Generation EU, instrumento que pone a disposición de los 27 Estados miembros apoyo a través de transferencias directas y préstamos para incrementar las inversiones públicas y acometer reformas que contribuyan a la recuperación de la economía y el empleo y se orienten a abordar los principales retos económicos y sociales post COVID-19. A través de este mecanismo, España accederá a un total de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, de los cuales cerca de 70.000 millones serán en forma de transferencias.
Las medidas que recoge el Plan cumplen con los seis pilares establecidos por el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se articulan alrededor de cuatro ejes principales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos cuatro ejes de trabajo se desarrollan a través de diez políticas palanca que integran a su vez 30 componentes o líneas de acción, siendo de objeto de esta entrada y dentro de la palanca I: Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, el componente 3: Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero.
En definitiva, los PERTES son un nuevo instrumento de colaboración público privada, tal y como los define el Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre, proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía española, que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen sus operaciones en nuestro país.
Son una nueva figura, concebida como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado.
Su objetivo es contribuir a una gestión ágil y eficiente de los fondos y reforzar aquellos proyectos que contribuyan claramente a la transformación de la economía española, son aprobados por el Consejo de Ministros a partir de criterios objetivos y transparentes.
Actualmente se han aprobado PERTES para los sectores del vehículo eléctrico, el sanitario y el de las energías renovables; se encuentra anunciado el de economía social y el del español o nueva economía de la lengua y en estudio el de los sectores aeroespacial y agroalimentario.
El objetivo concreto de este último, se estructura en promover el desarrollo integrado de toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y de la incorporación de conocimiento e innovación.
El PERTE agroalimentario se centrará en tres procesos transversales:
- Sostenibilidad y competitividad
- Trazabilidad y seguridad alimentaria
- Desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y productos que permitan incrementar la capacidad exportadora no sólo de productos agroalimentarios, también de las tecnologías y servicios digitales.
En este sentido, cabe resaltar las propuestas de realizadas por Green Peace para un PERTE Agroalimentario transformador y sostenible, realizadas el pasado 17 de diciembre de 2021, ante las reformas e inversiones planteadas en el Componente 3 del Plan y su papel transformador, incidiendo en dos puntos: la brecha de género y la explotación laboral.
En cuanto a la brecha de género en el mundo rural, PERTE Agroalimentario debería, además de reconocer las distintas vulnerabilidades, realizar un esfuerzo de concreción en las reformas e inversiones destinadas a promover el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, reducir su vulnerabilidad y promoverlas como agentes de cambio.
Para ello proponen medidas que incrementen la participación y emprendimiento social y sostenible de las mujeres rurales, ayudas para la Titularidad compartida sobre todo son en las regiones en cuyos registros no figura ni una sola explotación en este régimen (para lo que es fundamental facilitar y agilizar la tramitación administrativa) y acabar con la discriminación sobre las mujeres en la PAC, incorporando la perspectiva de género.
Por otro y centrándonos en la explotación laboral señalan la desprotección estructural que sufre el sector, caracterizada por un empleo de carácter temporal y escasa cualificación, a la que debemos sumar la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes temporeros; es por ello, que destacan que las administraciones públicas y las empresas del sector agroalimentario español son responsables de garantizar que los y las trabajadoras de la tierra, especialmente los y las temporeras migrantes, desarrollan su labor en unas condiciones de trabajo y de vivienda justas y dignas, que no sufren ningún tipo de abuso o discriminación y que, en caso de ocurrir, tienen los medios disponibles a su alcance para denunciarlo. Así pues, resulta imprescindible que establezca estrictos criterios de evaluación y seguimiento, con recursos asignados a tal fin, para asegurar que las inversiones que se realicen favorecen la mitigación de la problemática señalada en relación a la explotación laboral, promoviendo un modelo agroalimentario más justo y respetuoso con los derechos humanos en toda la cadena de valor.
Por último, incidir en un punto esencial para que el PERTE Agroalimentario resulte verdaderamente transformador, y como se ha venido reivindicando desde UGT FICA, la regulación de las condiciones laborales deberían ser lo suficientemente óptimas como para atraer a los jóvenes a desarrollar un proyecto vital en el medio rural, atajar la despoblación y favorecer el cambio generacional que el campo necesita y la agroalimentación tiene un gran potencial para crear riqueza y fijar población en ese medio.
En efecto, la digitalización marcada como objetivo del PERTE va a necesitar de personas jóvenes con conocimientos y formación, para desarrollar proyectos innovadores y ganar en eficiencia y competitividad en el sector. Pero para atraer a la juventud hacen falta empleos dignos y con derechos.
Tal y como ha quedado acreditado, sobre todo durante la situación de emergencia sanitaria, es indudable el carácter esencial y estratégico del sector, al haber permitido el acceso de la población a un suministro de alimentos estable en cantidad, precio y calidad. Es además un sector clave para afrontar el reto demográfico y el equilibrio territorial entre las áreas rurales y las urbanas, y contribuye además a equilibrar la balanza comercial de España. El mejor reconocimiento que podrían obtener los trabajadores y trabajadoras del campo, se debería manifestar en empleos dignos y de calidad.