El objetivo que nos hemos planteado con esta entrada al blog es poner de manifiesto si algunos de los problemas endémicos de la contratación laboral en el sector agrario andaluz siguen persistiendo, o si, por el contrario, existen indicios (estadísticos) que manifiesten alguna mejoría. Principalmente queremos desvelar la situación actual de tres de los inconvenientes tradicionales que nos encontramos en nuestra Comunidad Autónoma, con independencia de que también puedan ser extrapolables a otras zonas de nuestro país. En concreto, vamos a centrarnos en: la incidencia de la reforma laboral sobre las modalidades contractuales tradicionales del sector, así como si se han producido cambios positivos en relación a la presencia de mano de obra joven y de mujeres en el sector agrario. Para ello, partimos de los datos estadísticos del tercer trimestre de 2022 publicados por el Observatorio Argos:

https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/descargaInforme.do

Comenzando por la primera de las cuestiones señaladas, y ya al inicio del análisis nos surge un primer dilema relativo a la falta de adaptación de las modalidades contractuales de los convenios colectivos del sector agrario andaluz al contenido de la reforma. De hecho, únicamente el convenio colectivo del campo de Córdoba (BOP Córdoba Nº 135, de 14 de julio de 2022) ha incorporado una modificación/revisión en el texto del convenio (en concreto, respecto del art. 12) en relación al contrato fijo discontinuo en un intento de adaptar al menos esta figura contractual convencional a la nueva regulación legal. Por el contrario, el resto de convenios colectivos han mantenido intacto el texto convencional regulador vigente antes de la reforma sin que por ahora tengamos conocimiento de que se hayan aprobado nuevos convenios, aunque algunos de ellos se encuentran en fase de negociación. En defensa de la falta de negociación y aprobación de nuevos convenios por los sujetos negociadores, podemos argumentar la ausencia de desarrollo reglamentario de las modalidades contractuales más y menos utilizadas en el sector que debe incorporar especificaciones y aclaraciones relevantes en la materia que, sin duda, van a ser de gran ayuda a los sujetos negociadores y, que incluso, pueden ser incorporadas expresamente al texto convencional. La falta de adaptación o de nuevos convenios acordes a la reforma, nos indica que la contratación de personal en el tercer trimestre de 2022 ha tenido que fundamentarse directa y principalmente en la norma legal y no en la norma convencional, máxime cuando los datos que manejamos revelan los nuevos contratos firmados en este periodo (de julio a septiembre de 2022) y no aquellos que fueron firmados en un periodo anterior. Pues, como sabemos, los contratos firmados tras el 31 de marzo de 2022 deben estar vinculados a la regulación legal vigente.

A pesar de la comentada falta de adaptación de la regulación convencional del sector agrario andaluz, parece que la reforma ha tenido cierta repercusión en algunos aspectos de la contratación agraria; algunos positivos, aunque también negativos, e incluso, de continuación de la situación anterior. Antes de exponer las conclusiones extraídas, volvemos a recordar que los datos extraídos hacen referencia a nuevos contratos registrados en este tercer trimestre de 2022 (de julio a septiembre).

De esta forma, y quizás como aspecto que a priori podríamos calificar como negativo, los datos manifiestan una reducción en el volumen de contratación (en el tercer trimestre la contratación se ha reducido 29,97% respecto al tercer trimestre del año anterior). Según los datos consultados se ha producido una reducción paulatina del número de contratos firmados que puede estar relacionada con la oferta de empleo en el sector y que ya se apuntaba en el segundo trimestre de 2022. Esta reducción del volumen de contratación puede estar influenciada por diversos motivos. El primer motivo que podría justificar la reducción de la contratación podría ser la sequía que durante un tiempo lleva azotando a nuestra CCAA y que ha podido incidir directamente en la reducción de la producción agraria y, por tanto, en el número de contratos celebrados y en la necesidad de mano de obra. Sin embargo, también podemos pensar que esta reducción puede tener una cierta vinculación con la eliminación por la reforma del contrato por obra o servicio, pues esta modalidad fue la más utilizada en nuestra CCAA en el año anterior, teniendo que ser eliminada o sustituida por las empresas agrarias por otra modalidad que respete los parámetros legales fijados. Y, por último, también ha podido influir, como vamos a exponer seguidamente, la manifestación en el sector agrario de la pretensión del Gobierno al abordar la última reforma laboral y que aparece incorporada en el Preámbulo del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, es decir, “acabar con los graves problemas de nuestro mercado de trabajo: el desempleo y la temporalidad”, por lo que podría tratarse en este sentido de un efecto en cierta medida positivo.

No obstante, y a pesar de la reforma, el sector agrario andaluz se sigue caracterizando por la utilización excesiva de la contratación temporal ya que el 53,29% de las contrataciones realizadas en el tercer trimestre de 2022 han tenido carácter temporal. La modalidad contractual temporal más utilizada en este periodo ha sido el contrato por circunstancias de la producción suponiendo un total de 78.743 (frente a 123.890 en junio de 2022), mientras que el contrato por sustitución se mantiene en niveles reducidos, manteniendo el carácter residual tradicional en el sector agrario andaluz (491). Sin embargo, llama la atención la celebración y el registro del ya derogado contrato por obra o servicios (236) que, si bien es cierto, se han reducido considerablemente respecto al año anterior (año en el que todavía aparecía en el art. 15 ET entre los contratos temporales estructurales), se nos plantea el dilema de la posible ilegalidad de los contratos firmados bajo esta denominación y causa en el tercer trimestre de 2022.

Por otro lado, debemos destacar un efecto que podemos calificar de muy positivo respecto a la incidencia de la reforma contractual en el sector y que está vinculado, como ya hemos expuesto, con el efecto buscado por el Gobierno con la reforma dirigida a reducir la temporalidad, a través del reforzamiento e impulso de la contratación indefinida y también a través de la conversión de la contratación temporal en contratos indefinidos. Este efecto se ha mantenido desde la entrada en vigor de la reforma pues, por un lado, ya en el segundo trimestre del presente año, el número de contratos indefinidos firmados ascendieron a 78.193 contratos, mientras que en septiembre han supuesto un total de 6.730 contratos indefinidos y, por otro lado, un elevado número de contratos temporales se han convertido en indefinidos suponiendo en junio 11.889 y 3.608 en septiembre. Esta contratación indefinida, a pesar de que no se especifique en las estadísticas, con casi toda seguridad se habrá realizado a partir de contratos fijos discontinuos debido principalmente al carácter estacional de la actividad agraria, aunque sin duda lo importante puede ser el efecto conseguido, es decir, generar en este sector empleos de mayor calidad a los existentes antes de la reforma y conseguir en la medida de lo posible la estabilidad de la plantilla. En este sentido, podríamos vislumbrar que de forma mayoritaria, la contratación indefinida habrá sido concertada a tiempo parcial (aunque no aparecen datos al respecto) por lo que el efecto señalado relacionado con la calidad de los empleos generados puede resultar mermado. A pesar de ello, debemos valorar muy positivamente que desde la entrada en vigor de la reforma (en aproximadamente 6 meses) se han duplicado el número de personas contratadas de forma indefinida en el sector agrario andaluz. Pues en idéntica fecha en 2021 el 97,96% de los contratos celebrados fueron temporales (199.287) y sólo 4.150 fueron indefinidos; incluso, en el primer trimestre de 2022 la contratación temporal seguía suponiendo el 92,85% y, sólo 31591 contratos se concertaron de forma indefinida; fechas en las que no había entrado en vigor la reforma.

El resto de modalidades contractuales tanto las que se han mantenido tras la reforma como las que han resultado modificadas siguen representando en el sector agrario andaluz un carácter residual (entre otros: contratos formativos (15); de relevo (2) o de jubilación parcial (1)).

Respecto a la presencia de dos grupos poblacionales que de forma habitual se encuentran infra-representados en el sector agrario andaluz, debemos afirmar que no se ha producido ningún cambio en positivo al respecto. Antes de abordar el primer grupo (jóvenes), debemos aclarar que los datos que nos aporta el Observatorio Argos (tercer trimestre 2022) incorpora una división por edades en distintos bloques (un primer bloque: menores de 25 años y un segundo bloque: entre 25 y 44 años) que no se corresponden con el tradicional término o concepto de persona joven. A modo de recordatorio, tradicionalmente se ha considerado persona joven aquella que se encuentra en el tramo de edad que abarcaría de 16/18 a 29 años (ambos incluidos); por tanto, una gran parte de las personas trabajadoras contabilizadas en el segundo bloque de edad no formarían parte del grupo contratado como personas jóvenes. No obstante, si nos centramos especialmente en los menores de 25 años únicamente 19.886 han sido contratados en septiembre de 2022, (aunque habría que añadir a aquellas personas que están contabilizadas en el segundo bloque o tramo de edad y que se encuentran entre los 25 y 30 años). A mi modo de ver, y en todo caso, sigue resultando un aspecto que no ha manifestado mejoría. Lo cierto es que el sector agrario no se ha caracterizado por la presencia de jóvenes, debido principalmente, a la falta de interés de este grupo de población en desarrollar cualquier trabajo en el sector, o quizás, se trate más de un desinterés en desempeñar ciertos trabajos en el sector. No ha conseguido cambiar esta dinámica la existencia de incentivos dirigidos a este colectivo, que, aunque no sean específicos del sector agrario podrían en cierta medida repercutir en conseguir una mayor presencia de los jóvenes. Entre otros incentivos, recordemos que en materia de Seguridad Social se estimula la conversión de los anteriores contratos formativos en contratos indefinidos; o que existen subvenciones dirigidas a la contratación de jóvenes como se desprende de la Orden de 2 de junio de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, y de la iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el ámbito local (Joven Ahora) por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. No obstante, la reducida repercusión de incentivos y subvenciones en el volumen de contratación manifiesta de forma evidente que son los mismos jóvenes los que no tienen interés en desarrollar una prestación de servicios en el sector agrario, posiblemente debido a la precariedad de los trabajos que se ofrecen o a la ausencia de un futuro profesional prometedor.

Por último y, en referencia a la presencia de mujeres en el sector agrario, debemos admitir que los datos no son positivos pues siguen manifestando una presencia bastante reducida. Así, en el periodo de referencia, en total han sido contratadas 45.407 mujeres, frente a 105.189 hombres, datos que son una constante en el sector agrario andaluz; bastaría apuntar que en idéntico trimestre en el año anterior, las mujeres contratadas en el sector supusieron un total de 63.694 frente a 139.743 hombres. Por lo que puede resultar esencial, la puesta en marcha de medidas que incentiven su contratación en el sector, como las reconocidas y asignadas en la Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General, de Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial, para el ejercicio 2022. Se tratan de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía, (reguladas en la Orden de 3 de junio de 2022), de las que algunas están dirigidas a determinados grupos de mujeres. No obstante, quizás la puesta en marcha del II Plan sectorial de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agraria, pesquera y medioambiental de Andalucía-Horizonte 2027, aprobado el 14 de junio de 2022, arroje a medio o largo plazo unos datos más optimistas.