FORO DE ANÁLISIS JURÍDICO DEL TRABAJO AGRARIO

Como ya hemos comentado en entradas anteriores (véase entradas publicadas el 11 de octubre de 2021, por Rosa María Pérez Anaya y el 10 de enero de 2022, por Santiago González Ortega), la última reforma laboral llevada a cabo a través del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, destaca, en cuanto al ámbito al que se circunscribe este blog, por las modificaciones que introduce respecto al contrato fijo-discontinuo, eliminando las diferencias existentes entre aquellos que fueran periódicos y fijos discontinuos en sentido estricto, centrando la regulación en función a la naturaleza de las actividades prestadas, sean de temporada o de realización intermitente, al tener periodos de ejecución ciertos, aunque puedan ser tanto determinados (“los anteriores fijos periódicos”, siguiendo la última entrada publicada respecto a estos contratos) como indeterminados (“los anteriores fijos discontinuos en sentido propio”, ídem), forzando por tanto a llevar a cabo una revisión de los textos convencionales respecto a esta modalidad contractual.
En cuanto a la forma de llevar a cabo el llamamiento, se mantiene la referencia al convenio colectivo para establecer los criterios de llamamiento, pero la última reforma viene a establecer algunas precisiones respecto al mismo. En primer lugar, concreta que aquéllos deberán ser “objetivos” y “formales”, exigiéndose “en todo caso” notificación por escrito u “otro medio que permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada con las indicaciones precisas de las condiciones de su incorporación”. Por otro lado, la norma no establece un preaviso específico, sino una ” antelación adecuada”. Además de lo anterior, la empresa deberá trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras, con la “suficiente antelación”, al inicio de cada año natural, un calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su caso, semestral, así como los datos de las altas efectivas de las personas fijas discontinuas una vez se produzcan.

Las desigualdades laborales por razón de género en el ámbito agrario constituye una realidad indiscutible, pues a las propias que ya sufren las mujeres trabajadoras, se unen las vinculadas a factores relacionados con el medio rural y pesquero, que responden al carácter estructural de la desigualdad de género, enraizada y fruto de estereotipos y roles tradicionales que siguen enquistados; de ahí que se hable de una doble discriminación en este sector, no solo por ser mujer, sino por vivir en un entorno socioeconómico desfavorecido, que ofrece mayor resistencia a la incorporación plena de las mujeres al ámbito público: es un sector de actividad masculinizado, en el que se acusa una importante división del trabajo con sesgo de género, con asignación de funciones y tareas claramente diferenciadas, así como su escasa participación en los órganos de toma de decisiones; se invisibiliza la actividad de las mujeres en las explotaciones agrarias familiares; las mujeres padecen la maldición de la doble jornada (laboral y de cuidados) por la falta de corresponsabilidad, debida al peso histórico de la asunción de los roles tradicionales; se evidencian las dificultades de conciliar la vida laboral y familiar por tratarse de entornos aislados, con nulos o escasos servicios e infraestructuras de apoyo por parte de las Administraciones Públicas, etc.
Todo ello sin olvidar los factores ya comunes de discriminación de las mujeres en el empleo y en las condiciones de trabajo (dificultades en el acceso al empleo, temporalidad y parcialidad en la contratación, segregación horizontal y vertical, discriminación retributiva…), que se intensifican aún más en las explotaciones del sector primario.

La entrada en vigor del II Plan sectorial sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la actividad agraria, pesquera y medioambiental de Andalucía (II Plan de igualdad) va a permitir implementar medidas y acciones tendentes a paliar las dificultades que la mujer andaluza encuentra en el empleo y específicamente en el sector agrario. El diagnóstico de situación ha permitido identificar tales dificultades aunque actualmente su entrada en vigor permanece suspendida a pesar de haber superado ya el trámite de información pública. Con su entrada en vigor como señala el art. 7.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se daría cumplimiento al Plan Estratégico para la Igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía (Plan Estratégico), pues requiere que cada Consejería de la Junta de Andalucía elabore y apruebe su propios planes de igualdad.

En este sentido, se ha aprobado recientemente el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 (BOJA Nº 48 de 11/03/2022), por lo que entendemos que próximamente entrará en vigor del II Plan de igualdad, que aunque actualmente es un borrador y deberá adaptarse a las directrices del reciente Plan Estratégico, podemos decir, que en líneas generales mantendrá su contenido pues los datos actuales (primer trimestre de 2022) no han sufrido excesivos cambios según se desprende del Observatorio Argos y de los datos del INE.

El sector agrario ha sido objeto últimamente de diversas reformas normativas que, en ocasiones dirigidas expresamente a él y otras veces no, afectan a lo que es ya de por sí un sistema regulatorio complejo.

Una de ellas es, por ejemplo, la última reforma laboral del pasado diciembre de 2021, que le afecta fundamentalmente en cuanto a que potencia la figura del contrato fijo-discontinuo frente a los temporales, con la desaparición del contrato de obra o servicio y la complicación del régimen jurídico del contrato eventual (ahora por circunstancias de la producción). Una circunstancia que tiene reflejo en otras modificaciones normativas como las que aquí se expondrán.

De este modo, el pasado 15 de marzo se aprobó el Real Decreto-Ley 4/2022 por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, convalidado mediante Acuerdo del Congreso de los Diputados (Resolución de 31 de marzo de 2022, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación) y modificado por el RDL 6/2022, de 29 de marzo en cuanto a algunos aspectos. Motivado, entre otras cosas, por una elevada reducción del nivel de precipitaciones y de las reservas hidráulicas (situaciones que afectan especialmente a las zonas relativas a las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana), unido al aumento de costes de producción y las circunstancias generadas a partir de la situación en Ucrania, tal y como se encarga de mencionar la propia exposición de motivos de la norma

Recientemente el estudio «Gravedad de los accidentes laborales agrarios en España, 2013-2018» (Baraza y Cuguero-Escofet, 2021), publicado en una de las revistas más prestigiosa en el ámbito de la seguridad laboral (Safety Science), ha analizado la siniestralidad en el sector agrícola en España en dicho periodo de tiempo.
El mismo discrimina como causas principales de dicha siniestralidad las que tienen que ver con la edad, el sexo, la nacionalidad, la actividad económica, el personal de la empresa, la antigüedad, el lugar del accidente, la desviación, la lesión, los días de ausencia, el día de la semana, la lesión y la región de España.

Como ha señalado la profª. Carmen Carrero en otra entrada de este blog (31 de enero de 2022), la bioagricultura representa uno de los ejes de la reforma de la PAC y “supone un cambio radical en los métodos de producción, utilizando las nuevas tecnologías, reducir la oposición de los agricultores a no utilizar productos pesticidas o fertilizantes, avanzando hacia lo ecológico y, así, obtener unos resultados medioambientales mejores”.

En esta entrada del blog, se propone enlazar estas reflexiones con el concepto de empleo verde. Para la OIT, el concepto empleos verdes resume la transformación de economías, lugares de trabajo, empresas y mercados laborales en una economía de bajo carbono y sostenible que ofrezca oportunidades de empleo decente para todos. Así, “contribuye a preservar y restaurar el medio ambiente” por la limitación de las emisiones de gases efecto invernadero y la reducción de los residuos. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, les empleos verdes contribuyen a la conservación y al restablecimiento de la calidad del medioambiente. Tienen como objetivos proteger o restablecer los ecosistemas, la biodiversidad, la reducción del consumo de energía, de materiales o de recursos naturales como el agua, la disminución de la emisión de CO2 o de la producción de residuos. En definitiva, los empleos verdes pueden referirse a cualquier empleo que participa en la protección del medioambiente, en la lucha contra el cambio climático, mediante el ahorro de las energías y las materias primas, el uso de energías renovables, la reducción de la producción de residuos y el respecto del medioambiente, de la biodiversidad y de los ecosistemas.

Con fecha de 6 de diciembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento nº 2021/2115/UE, de 2 de diciembre de 2021, donde se dispone que cada uno de los Estados deberá elaborar un Plan Estratégico para la aplicación de la nueva PAC (2023-2027). Allí se plasmarán las intervenciones o las medidas que elijan de entre las establecidas como comunes en las disposiciones europeas reguladoras del nuevo escenario.
El borrador del Plan Estratégico de España de la PAC (2023-2027) fue remitido a la Unión Europea en diciembre de 2021, pudiendo destacarse la relevancia de las medidas que se destinan a favorecer la presencia de los jóvenes y de las mujeres en el mercado agrario de empleo. Lo que confirma el anuncio sobre la nueva orientación de algunas de las intervenciones de la PAC, que comenté en la entrada de este blog “Cumplimiento de la normativa laboral y estímulos al empleo en los próximos acuerdos de la nueva PAC (2023-2027)”, publicada el 15 de julio de 2021.
Corresponde ahora analizar la articulación concreta de esas medidas en el borrador del Plan Estratégico de España de la PAC (2023-2027), que consta de 3 bloques temáticos distintos, con los siguientes objetivos: 1) “Bloque económico”, que tiene como meta general “el fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria”, 2) “Bloque medioambiental”, que tiene como finalidad general “la intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima” y 3) “Bloque rural y social”, que tiene como propósito general “el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales”. Estos 3 bloques temáticos y objetivos generales se descomponen a su vez en 3 objetivos específicos, siendo en total 9 los objetivos específicos del borrador del Plan Estratégico de España de la PAC (2023-2027), al que se suma el objetivo transversal de “modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales”.

La guerra en Ucrania se ha convertido en un motivo más de preocupación para la agricultura española y, en concreto, para el suministro de cereales, ya que peligran las importaciones desde uno de los principales proveedores: la economía española compró en Ucrania el 18,4 % de los cereales que adquirió en los mercados internacionales en 2021. Y un descenso de ese flujo, que en años anteriores ha llegado aser de casi el 30 %, puede afectar a los ganaderos que dependen del grano para alimentar a su cabaña y, a medio plazo, a los fabricantes de piensos, un sector en el que España es líder.

La agricultura y la ganadería española son deficitarios en cereales y en oleaginosas -girasol, colza y soja-, al tiempo que Ucrania es uno de los principales países productores mundiales de estas materias primas. Así, los dos principales productos que la economía española importó de la ucraniana en 2021, según el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), fueron cereales, por valor de 545 millones de euros, y grasas y aceites vegetales, por 422,5 millones de euros.

Puede consultarse en RTVE: https://www.rtve.es/noticias/20220226/sector-agricola-ganadero-inquieto-repercusiones-guerra-ucrania-para-cereales-energia/2297920.shtml

Desde la PAC se establecen distintas medidas económicas para colaborar en la expansión de los jóvenes en el medio rural. Se sabe que la creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector agrícola por jóvenes agricultores, son financieramente complejas y deben ser tenidas en consideración a la hora de asignar y canalizar los pagos directos. Por ello, en la PAC actual se concede una ayuda complementaria en el marco del primer pilar de la PAC a aquellos jóvenes agricultores que cumplan ciertos requisitos, que es una ayuda adicional a la que perciban procedente de la Reserva Nacional de derechos de pago básico y de las ayudas percibidas en el marco del segundo pilar. Con este complemento se fomenta que sea el joven agricultor el titular de la explotación, ya que éste se presenta como requisito para acceder a las ayudas del fondo de Reserva Nacional. Con objeto de lograr un impulso 23 Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.

El relevo generacional es una creciente preocupación del sector agrario, dado que, como ya se comentase en entradas anteriores, el porcentaje de trabajadores mayores de 45 años es muy elevado en comparación con el de aquellos que tienen menos de 25, según los datos proporcionados por las encuestas de población activa. De hecho, y como la multinacional RANDSTAD ha señalado en alguno de sus informes, se espera que entre 2020 y 2030 se jubilen seis de cada diez profesionales agrarios.
Para paliar esta realidad, y gracias a las ayudas de la Unión Europea, se han aprobado importantes medidas tales como las incluidas en el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2021 (PGJ+) impulsado por el Gobierno en junio de 2021, donde se establecieron hasta seis líneas que tienen una relación directa con el sector agrario, tales como son: la regeneración de espacios rurales y urbanos en declive; la promoción de escuelas taller, talleres de empleo y programas mixtos de Empleo-Formación; y el programa Redes Taller Joven. Asimismo, se incorpora una acción relativa a las oportunidades en la transición económica: economía circular, economía digital, energías renovables, transición ecológica y economía azul; y, por último, se establece una medida dirigida a la sucesión generacional en el ámbito rural, con la que se pretende hacer efectivo el relevo generacional en los empleos tradicionales. En suma, este programa tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral, de vital importancia para el aseguramiento del futuro del sector agrario.