Como es sabido, la Unión Europea (UE) gestiona sus relaciones comerciales con terceros países mediante acuerdos cuyo propósito es mejorar las oportunidades comerciales y superar las barreras conexas. Dicha política comercial se utiliza, asimismo, como vehículo para fomentar los principios y valores europeos, desde la democracia y los derechos humanos hasta la defensa del medio ambiente y los derechos sociales.
El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la UE y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), compuesto por Botsuana, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Eswatini (DOUE 16.9.2016 L.250) tiene por objeto “ contribuir a reducir y a erradicar la pobreza mediante la creación de una asociación comercial coherente con el objetivo del desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y el Acuerdo de Cotonú“[art. 1 a)]. Del mismo modo, de conformidad con el art. 9 – que lleva por titulo Derecho a regular y niveles de protección – , “las Partes se reconocen mutuamente el derecho de establecer sus propios niveles interiores de protección medioambiental y laboral, así́ como de adoptar o modificar en consecuencia las leyes y políticas correspondientes, de forma coherente con las normas y acuerdos reconocidos internacionalmente de los que son Parte”.
En el marco de este Acuerdo tiene especial relevancia la posición de Sudáfrica (http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/sudafrica_ficha%20pais.pdf) como un importante competidor de España, en concreto en el sector citrícola, al haber incrementado notablemente sus exportaciones a la UE desde la firma del AAE, además de haber aumentado su potencial productivo citrícola y ampliado su periodo de producción, situación que pone en riesgo la complementariedad en la comercialización que le otorgaba su ubicación en el hemisferio sur. Por este motivo, los titulares de Agricultura, Pesca y Alimentación, ministro Luis Planas, y de Industria, Comercio y Turismo, ministra Reyes Maroto, se pusieron en contacto con la Comisión Europea, ante la próxima revisión del mencionado Acuerdo, dirigiendo una carta conjunta a los comisarios de Agricultura, Janusz Wojciechowski; comercio, Valdis Dombrovskis, y de Sanidad, Stella Kyriakides, en la que les recuerdan que “ la producción española está sujeta al exigente modelo comunitario de producción y debido a la ausencia de reciprocidad en los acuerdos comerciales, la próxima revisión del acuerdo no debe ofrecer concesiones adicionales a las importaciones de cítricos”, reclamando, con ello, que los cítricos sean considerados productos “muy sensibles” a efectos de que en los nuevos acuerdos comerciales que suscriba la UE – o en la renovación de los existentes, – no haya más concesiones. Esta reciprocidad – “clausula espejo”- supone que se exija a los productos importados las mismas condiciones de producción que rigen dentro de la UE para las producciones propias, en cuanto a seguridad alimentaria y preservación del medio ambiente. En definitiva, el ministro ha insistido en que Europa debe avanzar hacia dicha clausula para que los pasos hacia una transición agroecológica tengan éxito y se mantenga la rentabilidad del sector agroalimentario comunitario.
Igualmente, debe considerarse que la estrategia europea “ de la granja a la mesa” fija unos estándares en las condiciones de producción que significan un compromiso en la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente y, según el Sr. Planas, “es absolutamente lógico que los productos que se importen deban cumplir las mismas condiciones” siendo, por tanto, para España un asunto prioritario(https://www.consilium.europa.eu/es/policies/from-farm-to-fork/). En este sentido, es un tema especialmente relevante la solicitud de España de que se aplique un tratamiento en frío a productos como las naranjas de terceros países, que pueden portar la polilla del naranjo. Siendo – como ha puesto de manifiesto el ministro- un significativo paso adelante que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) haya reconocido que las medidas actuales no son suficientes, dando así la razón a los postulados de España.
Ante estas reivindicaciones – y especialmente con el fin de evitar que se imponga el tratamiento en frío para sus cítricos – Sudáfrica esgrime ante la Comisión Europea el volumen de empleo que genera este cultivo en el país. Así lo hace la patronal de exportadores sudafricana (Citrus Growers’ Association, CGA) a través de la prensa y en los pasillos de la propia Comisión, argumentos que también reproducen los importadores de Bélgica, Holanda y Alemania en una carta remitida a la propia Comisión, como señala la presidenta de Intercitrus y del Comité de Gestión de Cítricos, Inmaculada Sanfeliu. Frente a dicha argumentación, el estudio Bitter Oranges, que ha analizado las prácticas de cinco fincas de la provincia del Cabo Oriental, recoge cómo, del precio que paga el consumidor alemán (alrededor de dos euros el kilo), “la parte que reciben los trabajadores agrícolas sudafricanos es equivalente a seis céntimos“. Es decir, un 3% del precio final. Y todo esto mientras “la lista de violaciones de los derechos laborales en las fincas es larga“, señala el director de la ONG sudafricana Khanyisa, Simphiwe Dada. (fuente: Ramón Olivares/ Diario Castellón Plaza 04.07.2021 y 09.12.2021).
Una vez expuesto el estado de la cuestión, seguiremos vigilantes para continuar informando en este Blog sobre los avances que se vayan produciendo en la renovación del Acuerdo, en concreto en lo que afecta al mercado de cítricos, dada su especial relevancia si tenemos en cuenta que en España este sector representa, con 2.500 millones de euros anuales de media, el 4,9 % de la producción de la rama agraria y el 32,5 % de la de fruta. Los citricultores españoles cosechan el 60 % de la producción total comunitaria, lo que sitúa a España como principal productora de cítricos de la UE y quinta del mundo.