Con fecha de 28 de junio de 2021, se confirma el acuerdo europeo para impulsar nuevamente la reforma de la Política Agraria Común, en adelante PAC, tras el aplazamiento causado por las reticencias que suscitaron los nuevos cambios en el sector, que llevaron a crear una regulación transitoria para los años 2021 y 2022, así como por las modificaciones que han sido necesarias introducir de manera sobrevenida como consecuencia del COVID-19 en 2020 y que serán de aplicación hasta 2023.
Su trascendencia es vital para el conjunto de los países de la Unión Europea, ya que la PAC supone un tercio del total de los presupuestos europeos. También lo es para España, que recibe una relevante suma de estas partidas presupuestarias, así como para algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía, que igualmente tienen una elevada participación en estos fondos.
A partir de que la aprobación sea definitiva en la Unión Europea, quedará un largo camino hasta su concreción en España, pues se mantendrá abierto el plazo para remitir los borradores de los planes estratégicos nacionales a la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo que necesitará del acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas, habiéndose iniciado las primeras reuniones con fecha de 14 de julio de 2021. Y será necesario aprobar los correspondientes programas operativos de cada una de las Comunidades Autónomas, lo que exigirá realizar el correspondiente diagnóstico de situación del sector agrario en las distintas Comunidades Autónomas, la definición de los objetivos específicos en la alineación que correspondan con las normas europeas que próximamente se aprobarán y en atención a los datos del diagnóstico de situación que se efectúe, así como la determinación de los indicadores de evaluabilidad del programa, a partir de los que se concretarán las condiciones de las ayudas (gastos elegibles, importes, duración). Y que serán de especial importancia en la nueva PAC, donde se realzará más (si cabe) la programación del destino de los fondos europeos, pues se intensificará la relevancia de la consecución de resultados concretos en atención a los indicadores que se determinen en cada uno de los programas operativos, según se ha anunciado.
No obstante, la noticia de que se ha alcanzado a un acuerdo en ámbito europeo (y el inicio de las negociaciones en España) auguran un importante cambio que impactará previsiblemente en el empleo agrario, pues se apunta a una nueva orientación de los estímulos de la PAC. En particular, merece una especial atención dos cuestiones concretas, que dan título a esta entrada y que se extraen del acuerdo alcanzado en ámbito europeo:
- De un lado, los objetivos sociales adquieren un protagonismo central, pues se alude a la inclusión de sanciones, en aras a asegurar el cumplimiento de la normativa laboral europeapor parte de las empresas del sector agrario que se beneficien de estos estímulos económicos. En el caso de España, el borrador presentado en la reunión del 14 de julio de 2021 por el Estado a las Comunidades Autónomas (que puede consultarse en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) se refiere a la creación de un sistema de cruce de la información sobre las infracciones y las sanciones laborales aplicables en atención a las directivas europeas, que entraría en vigor en 2024. También hace referencia a que los sistemas de asesoramiento a los agricultores deberán recoger información sobre sobre las condiciones de empleo y las obligaciones de los empleadores, e incluso acerca de la salud, seguridad y la protección social en el ámbito agrario. Por tanto, el cumplimiento de la normativa laboral será clave en los estímulos asociados a la nueva PAC.
Es importante a estos efectos recordar que la Inspección de Trabajo mantiene desde 2020 acciones específicas precisamente para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el sector agrario. Especialmente, en relación con las condiciones dignas de empleo y la contratación laboral temporal. También que existen experiencias concretas en el sector agrario, como son los numerosos Planes de Igualdad de empresa negociados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se realiza un examen sobre el grado de cumplimiento de las normas laborales, e incluso se prevén mecanismos de seguimiento, y de evaluación (como son las auditorías retributivas), ajustándose a lo previsto en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los Planes de igualdad, así como en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Planes (o programas y sistemas de cumplimiento normativo) que podrían ir más allá de la garantía de la igualdad laboral (pero sin olvidar el impacto de género), abarcando una diversidad de áreas de riesgo (contratación, tiempo de trabajo, retribución, cotización). Así las empresas podrían asegurar el cumplimiento de la normativa laboral, mejorar su imagen social corporativa, así como evitar el riesgo de ser sancionadas.
- Por otro lado, en el acuerdo alcanzado en ámbito europeo, se apuesta claramente por promover el desarrollo y la consolidación de dos tipos de explotaciones agrícolas, junto a aquellas que sean más intensivas en relación con los conocidos como ecosistemas, por su adecuación al cumplimiento especialmente de las normas medioambientales. Estos dos tipos de explotaciones agrícolas son las pequeñas explotaciones agrarias y las explotaciones impulsadas por personas jóvenes agricultoras, que ya eran beneficiarias de la PAC. Pero cuyo acceso a estos estímulos ahora se priorizará de manera particular, lo que se traducirá previsiblemente en una mayor dotación de los recursos económicos. El borrador presentado en la reunión del 14 de julio de 2021 por el Estado a las Comunidades Autónomas recoge (adicionalmente) la propuesta de aprobar estímulos especiales, asociados tanto en el primer pilar como en el segundo pilar de la PAC, para fomentar la participación de las mujeres en el empleo agrario, que supondrán también una importante novedad, si finalmente se confirman.
Nos centraremos en los estímulos vinculados con las personas jóvenes agricultoras, por su relación con los estímulos de empleo, a los que previsiblemente se les destinará recursos esencialmente para que se constituyan como empresariado (con personas trabajadoras asalariadas) o como personas trabajadoras autónomas (sin personas trabajadoras asalariadas a su cargo) de estas explotaciones. E incluso en términos más generales para asegurar la continuidad de su actividad en los primeros años, como ya sucede en atención al Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, que regula los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda a estos sectores.
Nuevamente, la elegibilidad se determinará en cada uno de los Estados de la Unión Europea, que deberán precisar con claridad quienes son personas jóvenes agricultoras, a los efectos de acceder a estos estímulos, como ya se dispusiera en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la PAC (COM 2018/392), sin perjuicio del papel que jugarán las Comunidades Autónomas en España para el impulso de estos estímulos económicos.
Con ello, se busca asegurar el relevo generacional en el sector agrario, donde los jóvenes siguen teniendo una escasa representación en el total de las contrataciones de trabajo asalariado en comparación con los trabajadores de edad avanzada. Así sucede en Andalucía, según se desprende del Informe “El mercado de trabajo en el sector agrario andaluz. 2019”, donde se recoge respectivamente que las personas trabajadoras jóvenes (menores de 30 años) suscribieron un 23,86% de los contratos frente al 35,89% de los firmados por las personas trabajadoras de edad avanzada (mayores de 45 años) en ese mismo período, así como se subraya la subrepresentación de los jóvenes en comparación con otros sectores productivos. También tienen una escasa representación en términos más generales. De acuerdo con el Informe “Ayudas Directas y Desarrollo Rural: Análisis de la edad y el sexo de los perceptores a nivel nacional y por comunidades autónomas 2019”, las personas jóvenes agricultoras (menores de 40 años) recibieron menos del 15% del total de las ayudas directas y del 38% de las ayudas al desarrollo en todo el territorio, y menos del 10% y del 39% (respectivamente) en Andalucía. Todo lo que justificará los anunciados cambios en estos estímulos económicos, que se vincularán más previsiblemente al fomento del empleo joven, con el fin de asegurar el relevo generacional y el desarrollo rural, en el sentido que apunta la nueva PAC.