EL NIVEL FORMATIVO COMO CLAVE DE UNAS LABORES AGRÍCOLAS MÁS SEGURAS Y SALUDABLES. Julio Miño Terrancle.

El Tribunal Supremo ha puesto recientemente en clara evidencia la transcendencia de la formación y la experiencia del trabajador a efectos de evitar los accidentes de trabajo, confirmando la sentencia de origen que declaraba probada la ausencia total de medidas de seguridad y de formación preventiva del trabajador. Las circunstancias del accidente tienen relación con el uso de una motosierra que se utilizaba para el talado de árboles entre Zucaina y Montanejos (SAP de Castellón nº 195/2019, Sala de lo Penal, nº de recurso 48/2018, de 20/05/2019). Dicha motosierra produjo a este operario, de nacionalidad rumana y que no estaba dado de alta en la seguridad social, «heridas complejas en brazo y antebrazo, incluyendo la sección de la arteria braquial…» (ibíd.), conllevando casi un año de curación y de intervenciones sanitarias. El fallo determina la responsabilidad de un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores de dos de los responsables de la empresa del trabajador junto a otros dos de la serrería contratista.

Tal constatación judicial es enormemente positiva, pues supone hacer visible una de las principales causas de la siniestralidad laboral, seguramente la que más peso tiene en la misma, por parte de la instancia más alta del poder judicial. No obstante, habría que decir que sería conveniente que se profundizara aún más en lo que significa pasar por alto las necesidades de formación e información procedimental de los trabajadores. O más concretamente, en el modo en que la asignación al puesto de trabajo y sus tareas se adecúa a «… las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud…» (art. 15.2 LPRL), lo cual tiene que ver primeramente con una cualificación profesional adquirida tanto dentro como fuera del sistema educativo, dado que la falta de una sólida formación profesional es la raíz de la mayoría de las muertes y lesiones que se producen en el trabajo. Para ello, dado que la formación profesional permite llevar a efecto un trabajo de calidad y dotar al trabajador de toda la solvencia operativa a su alcance, la misma debe comprender ineludiblemente entre sus resultados los de alcanzar las competencias preventivas más eficaces de forma integrada.

Sin embargo, del análisis de los programas formativos regulados para la FP y la Universidad en atinencia al sector agrario, puede deducirse que la problemática de la cuestión formativa tiene su primer anclaje en todos los niveles del sistema educativo (enseñanza obligatoria y bachiller, formación profesional y educación universitaria). Por el contrario, ante la gran siniestralidad y dificultades del sector primario, los mismos deberían aportar una intensa cualificación inicial en la materia, propiciatoria asimismo de un continuo y preventivo aprendizaje profesional y preventivo. Por eso, partiendo de la premisa de que un trabajo bien hecho es un trabajo seguro, la «Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral 2007-12» preveía en su sexto objetivo la elaboración de un amplio y ambicioso ‘Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales’con el objeto de aspirar de una manera plausible, «… a transformar los valores, las actitudes y los comportamientos de todos los sujetos implicados en la PRL… de toda la sociedad…». Por ello, dicho plan orientaba sus líneas de acción hacia tres hitos insustituibles en pro de alcanzar dicha meta por medio de un cambio cultural, ya que sostenía la naturaleza transversal y transdisciplinar de la formación preventiva respecto de todos los niveles del sistema educativo, cierta potenciación de los técnicos y sanitarios especializados y la atención a los colectivos menos cualificados o más expuestos, como puede verse a continuación.

De esta manera, la estrategia tocaba algunas de las que, a nuestro modo de ver, son una parte sustancial de las barreras principales frente a la integración de la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión y la cultura del país, dando un papel primordial a la formación preventiva a tal efecto. Infortunadamente, el resultado final fue que tanto esta estrategia como la citada macroplanificación formativa a la que da lugar con el citado plan, nunca se llevaron a efecto en la mayoría de sus aspectos, requeridas de una gran coordinación y colaboración interadministrativa. Sin embargo, es de desear que sea retomada para que sus previsiones se materialicen definitivamente, si se espera que algún día se cuente con la voluntad y el conocimiento suficiente para que, como especifica la meritada estrategia, se pueda «… combatir la siniestralidad laboral de forma integral, racional y coherente…». No obstante, entre tales implicados, los empresarios y sus asesores tendrían que ver claro y aprender a promover la salud como un factor de competitividad y sostenibilidad, pasando su formación profesional, continua y universitaria, a ser tan prioritaria como la de los trabajadores. Sin embargo, para ello se requiere integrar convenientemente los objetivos y resultados del aprendizaje profesional de todas las líneas de la empresa con los de la salud y la productividad.

Como se decía, dicho cambio educativo y formativo tiene más perentoriedad, si cabe, en actividades económicas que, como la agricultura propiamente dicha (cultivo, siembra y recogida) y la explotación forestal (silvicultura), presentan grandes obstáculos organizativos, formativos y culturales, así como unos parámetros estructurales de naturaleza socioeconómica que proporcionan una escasa rentabilidad a una gran mayoría de pequeñas empresas, explotaciones familiares y trabajadores por cuenta propia que conforman la práctica totalidad del tejido agropecuario y que, con una nimia solvencia sociotécnica, sin embargo, han de afrontar un elenco de riesgos laborales muy variado y complejo.

Dicho elenco se haya constituido por los que se podrían considerar como riesgos tradicionales, sin perjuicio del gran peligro que representan los riesgos nuevos y los que continúan emergiendo, entre los que se encuentran los osteomusculares. Sin embargo, los primeros persisten sin solución de continuidad en la práctica totalidad de los países europeos, representados habitualmente por atropellos o vuelcos de vehículos, caídas de altura (de árboles, a través de techos, etc.), golpes por objetos que caen o se mueven (maquinaria, edificios, balas, troncos de árboles), ahogamiento (p.ej. en depósitos de agua, tanques de purines, silos de granos), manipulación del ganado (ser atacado o aplastado por animales, enfermedades “zoonóticas”, etc.), contacto con maquinaria (partes móviles sin protección, especialmente), atrapamiento o electrocución (Comisión Europea, 2011). Así, los mismos han supuesto que la agricultura y la silvicultura tengan la consideración de prioritarias por su siniestralidad (INSST, 2019), representado en Andalucía concretamente, en el año 2019, un total de más de doce mil accidentes en jornada de trabajo (IAPRL, 2020). Actualmente, estos se vienen agravando además debido al acusado envejecimiento y vaciamiento rural, dañosos de la formación y la calidad de los recursos humanos, así como de la digitalización coadyuvante de la modernización del sector, así como al progresivo cambio climático que se viene acrecentando en los últimos tiempos (incendios, desertización, sequía, plagas y enfermedades, cambios derivados en la forma de cultivo y producción —agricultura “verde” p.ej.—, etc.).

A fuer de perseguir el cambio de paradigma que insoslayablemente la salud laboral requiere en este sector, apostamos por propiciar ese cambio cultural desde la educación y la formación profesional continua (EP, ESO, FP, Universidad y empresas), persiguiendo la finalidad de fomentar organizaciones productivas más saludables mediante un enfoque de gestión y formación de carácter sistémico a nivel público y privado (trabajo, empleo, inmigración, sanidad, organizaciones no gubernamentales y sociales, instituciones del sector y especializadas en lo preventivo, etc.) orientado a los aspectos agropecuarios, sin obviar lo ineludible, esto es, las repercusiones y causas psicosociales derivadas de las formas de empleo, trabajo y producción del sector primario, como importantes modeladoras de la salud, el aprendizaje y el rendimiento individual y colectivo del mismo.