Cuando se logró alcanzar, en 1962, un Acuerdo entre los Estados miembros de la UE en materia de Política Agraria, se estableció como objetivo, entre otros, impulsar el empleo en la agricultura, empresas alimentarias y sectores relacionados. Se intentaba asegurar una rentabilidad a los agricultores y corregir los desplomes de empleos, con la consiguiente divergencia entre oferta y demanda. No obstante, si se pudiera hacer un balance entre este inicio y las siguientes reformas que sobre la PAC se hicieron, se podría decir que este concreto objetivo no se ha conseguido suficientemente. La negociación de una Política Común en este sector es siempre muy compleja por las diferencias de estructuras, procedimientos y riqueza de cada uno de los países miembros. Además, a todo lo que se menciona, hay que añadir los nuevos retos que la UE ha asumido sin reparos, sobre la sostenibilidad y cambio climático, de forma que toda actuación legislativa debe basarse en el fomento de la protección del medioambiente y acciones por el Clima, consiguiendo unos sistemas alimentarios sostenibles.
Se trata de una visión a largo plazo que deriva del Pacto Verde Europeo que es la premisa dónde se sostiene la nueva PAC y donde los principales hitos son la seguridad alimentaria y la no huella ambiental.
Esta lógica supone, según la misma Comisión asume, avanzar en la sostenibilidad competitiva basada en la expresión “de la granja a la mesa”. Esto supone un cambio radical en los métodos de producción, utilizando Las nuevas tecnologías, reducir la oposición de los agricultores a no utilizar productos pesticidas o fertilizantes, avanzando hacia lo ecológico y, así, obtener unos resultados medioambientales mejores.
Es obvio que es una apuesta fuerte en las políticas agrarias que han tenido como resultado la aprobación de dos Reglamentos: el 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n. 1306/2013 y el 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n. 1305/2013 y (UE) n. 1307/2013. Estos Reglamentos derivan de un Acuerdo de todos los Estados con la Comisión de 25 de junio de 2021.
Los objetivos que se marca la UE pasan por ser 9 y que parten de buscar un rendimiento flexible de los resultados, teniendo en cuenta las necesidades y condiciones locales y que los países busquen, a detalle, las necesidades del sector en cada uno de ellos. A continuación, se van a destacar las finalidades principales. Garantizar una renta justa agraria pero variable; aumentar la competitividad; reequilibrar los poderes en la cadena alimentaria. De forma que los agricultores se encuentren en una mejor posición en el mercado; que el sector actúe contra el cambio climático y se proteja el medioambiente, preservando paisajes y biodiversidad: apoyar el relevo generacional con ayudas a jóvenes agricultores que se comprometan con estos objetivos; fomentar las zonas rurales de forma dinámica, para que puedan prosperar económicamente sin tener que abandonarlas y proteger la calidad de los productos.
De entre todos los objetivos, se quiere destacar el del relevo generacional que, necesariamente, conlleva promover el empleo y las condiciones de vida de los agricultores. Es por ello, la necesidad de crear un Plan estratégico. A nivel nacional, donde la intervención de los Estados es imprescindible en la consecución de la nueva PAC y, por ende, del Pacto Verde Europeo.
En este orden de cosas, para conseguir un plan tan ambicioso, es necesario una aportación financiera y formativa muy intensas. De hecho, los más insistente desde la UE es que la proporción de pobres de las zonas rurales, en el número total de personas en situación de pobreza, es muy elevado y hay que disminuir la grave brecha de pobreza rural con relación a la urbana, en varios países de Europa meridional y oriental. Y es que el desempleo en las zonas rurales sigue siendo un problema, especialmente para los jóvenes. Así, Grecia y España registran el mayor nivel de desempleo en las zonas rurales, con más de una quinta parte de la población activa en paro, este desempleo es elevado (18,6% del total) para los jóvenes entre los 15 y 24 años. Todo ello, hace que las medidas económicas de la PAC contengan disposiciones que favorecen la inclusión social, como las ayudas a los pequeños agricultores, jóvenes y los pagos redistributivos y que la Comisión tenga previsto una inversión financiera fuerte, a largo plazo, 387 000 millones de € en la financiación de la PAC (2021-27) y la PAC recibirá el apoyo del FEAGA en 291100 millones de €, a precios corrientes, y el FEADER, incluido el proyecto NEXT GENERATION EU( para ayudar a las zonas rurales a realizar los cambios estructurales necesarios y la transición digital, 95.500 millones de €. Un 25% de la transferencia se empleará en la ayuda a la renta y el desarrollo rural. Con toda esta inversión se pretende que haya 40 millones de puestos de trabajo en el sector para el 2027 e incluyendo todo lo relacionado con actividades de preparación, transformación, acondicionamiento de alimentos, almacenaje o transporte y distribución. En resumen, lo que la nueva PAC pretende es apoyar a quienes más lo necesitan si cumplen con los objetivos anteriormente mencionados. La cuestión que se plantea es cómo.
Esencialmente, estas son las mayores prioridades que se marca la Comisión: redistribución de la ayuda a la renta: Los países de la UE tendrán que responder mejor a las necesidades de ingresos de las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas; agricultores activos: la nueva legislación contiene una definición obligatoria pero flexible de agricultor activo que deben establecer los países de la UE, incluido el nivel de actividades emprendidas. Solo los agricultores activos pueden recibir determinadas ayudas de la UE; se incentivará a los beneficiarios a mejorar las condiciones de trabajo en las explotaciones; apoyo a los jóvenes agricultores: Los países de la UE tendrán que distribuir al menos el 3 % de su presupuesto de pagos directos a los jóvenes agricultores y la mejora del equilibrio de género: la igualdad de género y el aumento de la participación de las mujeres en la agricultura son, por primera vez, parte de los objetivos de los planes estratégicos de la PAC.
Desde la perspectiva del empleo, la UE se marca una serie de actuaciones que van directamente dirigidas al fomento del mismo, baste citar, Cobertura de banda ancha en las zonas rurales de la UE; Papel de la agricultura en el conjunto de la economía: agricultores de subsistencia y semi-subsistencia y sus familias, para esto evitar la parcelación y pequeñas explotaciones. Es claro, para la Comisión y el Banco Mundial que hay una relación positiva de la PAC con el empleo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, esta relación cambia, según los países, en aquellos que existen procesos de transformación estructural hay éxito y han desvinculado la agricultura de la pobreza, mientras que los países que no ha completado dicha transformación siguen alcanzando niveles de pobreza importantes. En consecuencia, la realidad que se presenta es difícil porque hay que conseguir ese progreso por igual de todos los miembros de la UE para que el aumento de la productividad, en todos los sectores, incluida la agricultura, sea optimo y el vínculo entre la agricultura y la pobreza se está reduciendo. Es cierto que en los Estados miembros se han producido inversiones elevadas en las zonas rurales, sobre todo, en el sector agroalimentario, pero queda camino por recorrer para conseguir que el crecimiento agrícola levante el vuelo, en la economía en general, y proporcione proporcionando mano de obra para otros sectores y permitiendo una reducción de la brecha de ingresos entre los sectores económicos. Para analizar todas estas cuestiones, en el contexto de su evaluación de impacto para la futura PAC, la Dirección General de agricultura de la UE pidió al Banco Mundial que centrara su estudio previsto sobre la agricultura de la UE en torno a la contribución de la PAC en la dimensión social de los objetivos políticos, y más concretamente en el empleo, el crecimiento y la reducción de la pobreza porque la reducción del desempleo agrícola se asocia a una mayor productividad que sostiene mejores puestos de trabajo en la agricultura.
En conclusión, varios son lo aspectos que se encuentran en expectativa con relación a la nueva PAC y que todavía no se han desarrollado debidamente. Entre ello se encuentra cómo se va a articular el fomento de la mano del sector agrícola, como va a influir en las pequeñas explotaciones (familiares, principalmente) y cómo se va a materializar la formación de los agricultores y lo medios que necesitan para conseguir la transición digital y su resiliencia a utilizar medios no sostenibles o no medioambientales cuando los costes de producción son más elevados que la venta del producto final. A todos ello, hay que unir cuál será el Plan estratégico de implantación en cada país con sus particularidades, sobre todo, los del mediterráneo y el este de la UE.
La reforma debe estar implantada para el 1 de enero del 2023, pero todavía no se vislumbra la solución a tantos problemas que se presentan y las soluciones divergentes que cada país quiere para sus zonas rurales no transformadas.
Al hilo de lo anterior, es de destacar el papel que ahora la Comisión pretende tener y que consiste, principalmente, en la intervención directa de los planes estratégicos de los países y el control de su eficacia, indiciando anualmente a partir del 2023 las medidas específicas que cada país debe incluir para consolidar una agricultura sostenible, competitiva y de alta productividad. Es decir, avanzar en la investigación, el intercambio de conocimientos y la innovación serán esenciales para garantizar un sector agrícola inteligente y sostenible. Para el 2027, la Comisión analizará la evolución de objetivos de la nueva PAC y no será de extrañar que se vuelva a producir una reforma de la misma.